Obligados a invertir en la inserción laboral de personas en exclusión

Obligados a invertir en la inserción laboral de personas en exclusión

La Palma se ha colocado, gracias a la empresa de inserción laboral Isonorte y a la atención de la Diputación del Común, como punta de lanza en la defensa del cumplimiento de la Ley de Contratos de la Administración Pública a la hora de generar empleo al amparo de los denominados contratos reservados, un mecanismo de inserción para un amplio espectro de población en situación de exclusión social y laboral y para personas con discapacidad. La Diputación del Común y su representante, Rafael Yanes, así como la abogada y ex decana del Colegio de Abogados de La Palma, ahora adjunta del organismo, Milagros Fuentes, lideran este proceso a partir de una queja presentada por Isonorte ante el incumplimiento de una norma que, de llevarse a cabo por los ayuntamientos y los Cabildos, reduciría notablemente las cifras del paro, con una tasa del 24% en La Palma;  generaría economía social e incorporaría al mercado laboral y a una vida normalizada a miles de personas en el archipiélago.
Rafael Yanes desde la Diputación del Común ha vuelto a escenificar la defensa de los intereses de los ciudadanos y la queja local la ha llevado a una investigación de oficio a través de la cual ha solicitado información sobre el nivel de cumplimiento de esta ley a los 88 ayuntamientos canarios y a los cabildos, en un proceso que sigue abierto y que pretende dar lugar a una labor pedagógica en el seno de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y a la Federación Canaria de Islas (FECAI). “Hemos visto que los cabildos y los ayuntamientos no están cumpliendo con la Ley de Contratación en lo referente a los contratos reservados, por lo que el contenido de estas jornadas se las vamos a trasladar a la FECAM y a la FECAI para que cumplan esos preceptos, porque de esa manera integraríamos social y laboralmente a las personas de estos colectivos.
Mujeres y hombres en riesgo de exclusión social por situación de pobreza, otros que han cumplido una condena de cárcel en la Isla y que deben reincorporarse a la vida laboral con ayuda, y personas dispuestas a recuperarse del consumo de sustancias tóxicas, además de mujeres que por una situación de maltrato necesitan obtener formación para normalizar sus vidas tras un período traumático. Este es el terreno social de contratación, pero como en todo proceso en el que se suma ley y ejecución, y en virtud de la voluntad política, existe  gran margen de incumplimiento frente a excepciones, tales como las encabezadas por ayuntamientos que dan ejemplo: Los Llanos de Aridane y Tazacorte, mientras otros han avanzado en este camino, tales como Breña Baja y Tijarafe.
BUENOS SÍNTOMAS PERO INSUFICIENTE
El presidente y el vicepresidente del Cabildo palmero, Mariano Hernández Zapata y Anselmo Pestana, respectivamente, asistieron a la ponencia que pronunció el Doctor en Economía Javier Mendoza, quien abordó la aplicación de esta normativa que regula la contratación pública y que obliga, aunque no se cumpla, a dedicar un porcentaje de la ficha financiera en contratación pública por parte de ayuntamientos y cabildos a este fin. Noelia García Leal, alcaldesa de Los Llanos de Aridane y precursora local en La Palma en este proceso, habló de una experiencia facilitada, en términos burocráticos y de información por parte de Isonorte y su gerente, Eduardo Calderón, para cumplir con la ley. Con esta fórmula han contratado los servicios de limpieza de los colegios de infantil y primaria del municipio con excelentes resultados. Otros contratos han sido firmados con Isonorte por parte del Ayuntamiento de Tazacorte, Breña Alta y Breña Baja, mientras que el Cabildo frustró la contratación de un servicio para el compostaje de residuos en la Granja Experimental de Garafía para el que pedía una solvencia técnica que no es vinculante a la hora de adjudicar el servicio.